
por Franco Machiavelo
A lo largo de las últimas décadas, desde la Concertación hasta el actual gobierno de Boric, lo que observamos no es una ruptura con el neoliberalismo, sino su perfeccionamiento bajo distintos ropajes políticos. Detrás de discursos progresistas, de promesas de equidad y de frases altisonantes sobre justicia social, se esconde una maquinaria estatal al servicio de los grandes grupos económicos y del capital transnacional.
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1. Concertación (1990–2010): Continuidad del modelo neoliberal
Aunque la Concertación llegó con la promesa de “crecer con equidad”, en la práctica consolidó el modelo heredado de la dictadura.
Ley de Concesiones Mineras (1990, ajustada en los 90s): permitió la explotación casi ilimitada por transnacionales, consolidando la privatización del cobre.
Flexibilización laboral: mantuvo fragmentación sindical, prohibición de negociación por rama, salarios bajos y precariedad.
TLCs: con Canadá, México, Corea, EE.UU., UE, China, Japón… todos diseñados para asegurar exportaciones primarias, enriqueciendo a grandes exportadores mientras los trabajadores agrícolas y forestales eran precarizados.
Sistema privado de AFP e ISAPRES: se consolidó sin cambios estructurales.
Resultado: estabilidad para inversionistas y concentración de la riqueza; a los trabajadores solo bonos compensatorios y migajas.
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2. Nueva Mayoría (2014–2018, Bachelet II)
Prometió reformas estructurales, pero fueron diluidas o derechamente favorables al gran capital.
Reforma tributaria (2014): maquillada, terminó llena de resquicios y beneficios para holdings y bancos.
Reforma laboral (2016): reconoció titularidad sindical pero mantuvo negociación por empresa, con huelga debilitada.
TPP-11 (2016): entregó soberanía a tribunales internacionales pro-inversores.
Política minera y energética: fomento del litio bajo lógica privada con SQM y Albemarle.
Resultado: reformas sociales de vitrina, pero el modelo extractivista y empresarial quedó blindado.
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3. Gobierno de Gabriel Boric (2022–2025)
Llegó con discurso transformador, pero el “realismo político” y la presión empresarial han limitado los cambios.
Reforma tributaria: rechazada en el Congreso, se mantiene baja carga impositiva a grandes fortunas.
TPP-11 (ratificado 2023): continuidad del blindaje empresarial.
Reforma de pensiones: mantiene la capitalización individual y la industria AFP como gestoras.
Empresa nacional del litio: anunciada como avance, pero en asociación con las mismas empresas privadas.
Reforma laboral (2023–2024): reducción a 40 horas, pero sin tocar la negociación por rama ni la precariedad estructural.
Resultado: avances simbólicos, pero la hegemonía empresarial sigue intacta.
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