29 de abril de 2022
Pedro Albornoz y Patricio Guzmán.
Socialismo Revolucionario, CIT en Chile.
Ha pasado un mes y medio desde la instalación del nuevo gobierno en Chile y del nuevo Presidente, Gabriel Boric. Sin embargo, la inestabilidad política, económica y social sigue siendo la principal característica del período actual. No ha habido luna de miel.
Hay que recordar que Boric y su coalición llegaron al poder con las expectativas despertadas en la masa de la población. La gente esperaba que respondiera a las demandas sociales de cambios profundos en la sociedad y acabara con las instituciones heredadas de la dictadura. La rebelión de masas de octubre de 2019 y los masivos movimientos sociales que le siguieron no sólo pusieron en jaque al gobierno de Piñera sino a todo el antiguo régimen. Sin una dirección política que diera una salida revolucionaria a la crisis, el movimiento entró en una fase de reflujo y la energía se canalizó hacia las vías institucionales electorales: el plebiscito, las elecciones a una Convención Constituyente y las elecciones generales.
Boric y el Frente Amplio fueron los principales defensores de la salida institucional y del llamado «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» que firmó la casta política en noviembre de 2019. Siguiendo esa misma línea, el nuevo gobierno sigue abogando por acuerdos con el sector empresarial y el antiguo régimen, diluyendo cada vez más su programa de reformas para no «asustar a los mercados ni a los inversores».
En el momento del nombramiento del nuevo gabinete, ya señalamos que esto debería ser una alarma para los trabajadores y la juventud. La incorporación de los partidos de la antigua Concertación (excepto la DC) al gobierno en puestos clave fue claramente una respuesta a la presión de la élite empresarial que temía posibles cambios radicales que afectaran a sus millonarias ganancias.
Hechos más que símbolos o palabras
Más allá de las expectativas que muchos tenían y tienen en los gestos o anuncios simbólicos del nuevo gobierno, la población debe juzgar por los hechos. En la práctica, la coalición de gobierno se ha convertido en una re edición de la Nueva Mayoría, pero sin la Democracia Cristiana (DC). Vuelven los viejos políticos y partidos (el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PSCh) y los Radicales). Todos partidos que legitimaron la constitución de Pinochet durante años y que atentaron contra los intereses de los trabajadores y que fueron corrompidos por la financiación empresarial de la política.
Boric en su momento criticó con razón a la Iglesia Católica por encubrir los abusos a menores; pero guarda un conveniente silencio sobre el pasado corrupto de sus nuevos aliados de gobierno, simplemente para conseguir más votos en el Congreso. Es una vuelta a las viejas prácticas políticas que fueron criticadas en su momento por él.
En materia de seguridad pública y respeto a los derechos humanos, no se ha avanzado en la supuesta reestructuración de Carabineros. Las propuestas de cambios profundos en estas instituciones militarizadas han quedado como anuncios, con solo cambios cosméticos. Por eso seguimos viendo el brutal accionar de la policía frente a las movilizaciones o protestas.
En relación a las demandas históricas del pueblo mapuche, el gobierno repite los mismos errores del pasado. Sin coordinar con las comunidades y sin ninguna propuesta seria sobre la que avanzar, intentaron una reunión fallida en Temucuicui.
No se puede servir a dos señores
La crisis política y social abierta en octubre de 2019 sigue su curso. Ninguna de las demandas fundamentales planteadas por la población ha sido respondida. Estamos en medio de una profunda crisis global del capitalismo, agravada por la guerra, la catástrofe alimentaria y ecológica. En este contexto, una parte masiva de la población sigue empobreciéndose, mientras un pequeño grupo de familias sigue obteniendo beneficios multimillonarios. Así, un gobierno que se propone realizar cambios profundos en beneficio de la inmensa mayoría no puede proteger al mismo tiempo los negocios millonarios de las transnacionales y de unas pocas familias.
Un ejemplo de lo anterior ha sido el nombramiento de Máximo Pacheco como presidente del directorio de Codelco. El gobierno hizo caso omiso a las denuncias realizadas por la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo, en relación a las licitaciones irregulares y a la corrupción ocurrida mientras Pacheco era presidente de Enap.
Por otro lado, la ministra de Minería, Marcela Hernando (Partido Radical), en relación a la discusión del royalty a las mineras y el debate en la Convención, ha señalado que: «no nos interesa subir mucho la carga tributaria y, de esta manera, perder la posibilidad de inversión de otros países e incluso de empresas que son nuestras». Además, subrayó que «no está en el programa del presidente Boric nacionalizar, expropiar o ahuyentar la inversión».
Está claro que si no se tocan las millonarias ganancias de las transnacionales y no se lucha por la nacionalización de los recursos naturales, será imposible responder a las enormes necesidades de la población y dar un salto en el desarrollo.
Tensiones y crisis de expectativas
El gobierno ya está sometido a enormes tensiones, tanto dentro de la coalición; como a los ataques de la oposición. La actual oposición del gobierno a un quinto retiro de las AFP, sin dar a las familias una alternativa de ayuda; está abriendo grietas en la coalición de gobierno. Estas tensiones pueden conducir a rupturas y divisiones en el futuro.
La propuesta del gobierno sobre un quinto retiro acotado de los fondos de pensiones que han cotizado los trabajadores es un fraude total y tiene como objetivo impedir que las personas retiren grandes cantidades. En la mayoría de los casos, sólo permite a las personas retirar una quinta parte de lo que retiraron anteriormente. Además, sólo permite retirar fondos para cuestiones específicas, como el pago de deudas. Su objetivo es proteger el sistema financiero. Este asunto ya ha causado mucho descontento. Se han organizado protestas. Incluso por parte de los trabajadores portuarios de Valparíso. El Partido Comunista, que apoyó las propuestas, ha entrado en crisis por haber apoyado la propuesta.
También se han producido tensiones en el seno de la Convención Constitucional, donde sectores afines al anterior acuerdo y al actual gobierno se han combinado para frenar las reformas más radicales propuestas por las comisiones.
Sin duda, hay grandes expectativas en amplios sectores de la población sobre lo que puede hacer este gobierno. Pero estas disminuirán junto con su apoyo si no se ven medidas concretas que mejoren el nivel de vida.
Lo mismo puede ocurrir con la Convención y el nuevo texto constitucional que se proponga. Este descontento será alimentado por la campaña de ataques permanentes de los sectores más conservadores del país.
Si no hay respuesta ni salida, la crisis que se abrió en octubre se profundizará inevitablemente. La alternativa que tenemos los trabajadores y la juventud es construir nuestras propias organizaciones y partidos de lucha independientes y de clase. La necesidad de un verdadero programa de transformaciones socialistas revolucionarias en interés de la gran mayoría y no de unos pocos es esencial para resolver la crisis que continúa.
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